Con fecha 01 de junio del año 2021 se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 21.342 cuyo objeto principal es propiciar un retorno seguro de los trabajadores a sus labores, en consideración a la situación sanitaria que vive el país.
En efecto, la Ley N° 21.342 establece una serie de requisitos y condiciones para que los empleadores puedan desarrollar sus actividades de manera presencial, sumado a la obligación de otorgar teletrabajo a los colaboradores que la norma indica.
Dicho lo anterior, y para un mejor entendimiento de la misma, es menester abocarnos al contenido esencial de esta Ley, el que se compone principalmente de tres nuevas obligaciones para el empleador:
- La obligatoriedad de disponer teletrabajo para personas que integren grupos de riesgo (o las medidas de mitigación cuando la destinación domiciliaria no fuere posible).
- La implementación de un “protocolo de seguridad sanitaria laboral Covid-19” para minimizar y/o controlar los riesgos de contagio al interior de los establecimientos.
- La obligación de contratar un seguro que cubra las contingencias por enfermedad y muerte, ambas asociadas al Covid-19.
DE LA VIGENCIA:
Antes de adentrarnos en el detalle de la Ley, cabe destacar que la misma ha comenzado a regir el día de hoy, y está asociada a la alerta sanitaria vigente en nuestro país, por lo que en caso de de finalizar el periodo de excepción constitucional, la misma perdería su vigencia, salvo en aquellos casos en que la norma especifique que sus efectos perdurarán en el tiempo, como se verá. En efecto, el artículo 1° de la Ley expresa que “Las normas de la presente ley se aplicarán durante el tiempo en que esté vigente la alerta sanitaria decretada con ocasión del brote del Nuevo Coronavirus COVID-19”.
Para una mejor comprensión de las exigencias y condiciones que impone esta Ley, trataremos de manera separada cada uno de los puntos anteriormente indicados.
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La obligatoriedad del teletrabajo para personas que integren grupos de riesgo (o las medidas de mitigación cuando la destinación domiciliaria no fuere posible).
Se establece la obligación para el empleador de pactar teletrabajo con los colaboradores que sean parte del grupo de riesgo, en la medida que la naturaleza de sus funciones lo permita, entendiendo por tales, las siguientes personas:
★ Quienes integren grupos de riesgo (mayores de 60 años; tener hipertensión u otras enfermedades: cardiovasculares, diabetes, afecciones pulmonares; inmunodeprimidos; enfermedad renal con requerimiento de diálisis o similar; tratarse de una persona trasplantada y que continúe con medicamentos de inmunosupresión; padecer de cáncer y estar actualmente bajo tratamiento; tratarse de una persona con un sistema inmunitario
disminuido como resultado de afecciones o medicamentos como inmunosupresores o corticoides).
★ Las que tengan a su cuidado menores de edad o adultos mayores.
★ Beneficiarios de la ley que creó la licencia preventiva por Covid-19 o sea causante del derecho a suspensión por motivos de cuidado de un menor (ley N° 21.247).
★ Quienes tengan bajo su cuidado a personas con discapacidad.
Para efectos de cumplir esta exigencia legal, el empleador tendrá el plazo de 10 días contados desde la notificación que haga el trabajador respecto a formar parte del grupo de riesgo. En este sentido, el trabajador tiene la carga de acreditar ante nosotros su situación de salud o condición de riesgo. Sumado a ello, el trabajador no podrá ser obligado a concurrir a su trabajo en tanto dicha obligación no sea cumplida por el empleador.
Sin perjuicio de lo dicho, cabe destacar que, si bien la norma establece una obligación para el empleador, lo cierto es que su implementación siempre requerirá acuerdo del trabajador, por lo que deberá suscribirse el respectivo anexo de contrato de trabajo.
Finalmente, debemos tener presente que lo anteriormente expuesto no podrá ser ejecutado si las funciones desarrolladas por el trabajador son incompatibles con el trabajo telemático. En este último caso, tendrá el empleador que reubicar a ese trabajador si en su ejercicio habitual debe realizar atención de público o tratar con terceros ajenos a la empresa, lo que no puede implicar un menoscabo al trabajador ni disminución de su remuneración.
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La implementación de un “protocolo de seguridad sanitaria laboral Covid-19” para minimizar y/o controlar los riesgos de contagio al interior de los establecimientos.
La Ley establece una obligación especial para que las organizaciones empresariales puedan desarrollar labores de manera presencial. En efecto, en términos simples, la obligación consiste en elaborar un protocolo de seguridad que se aplique en las dependencias de la empresa. Sin perjuicio de esta obligación para el empleador, también se establece una obligación para los organismos administradores del seguro de la Ley N° 16.744, que consiste en que deben elaborar modelos estandarizados de dichos protocolos para que el empleador los pueda utilizar.
En relación a los temas que debe abarcar este protocolo, la norma indica los siguientes:
- Testeo diario de la temperatura del personal, clientes y demás personas que ingresen al recinto de la empresa.
- Testeo de contagio de acuerdo a las normas y procedimiento que determine la autoridad sanitaria.
- Medidas de distanciamiento físico seguro dentro de las dependencias de la empresa:
- Los puestos de trabajo, de acuerdo a las características de la actividad;
- Las salas de casilleros, cambio de ropa, servicios sanitarios y duchas;
- Comedores, y
- Vías de circulación.
- Disponibilidad de agua y jabón, de fácil acceso, y dispensadores de alcohol gel certificado, accesibles y cercanos a los puestos de trabajo.
- Medidas de sanitización periódicas de las áreas de trabajo.
- Medios de protección puestos a disposición de los trabajadores, incluyendo mascarillas certificadas de uso múltiple y con impacto ambiental reducido, y, cuando la actividad lo requiera, guantes, lentes y ropa de trabajo.
- Definición y control de aforo, que deberá incluir el procedimiento de conteo que contemple tanto a los trabajadores como al público que acceda, además de medidas de prevención de aglomeraciones en lugares con atención de público.
- Definición de turnos, procurando horarios diferenciados de entrada y salida, distintos a los habituales, para evitar aglomeraciones en transporte público de pasajeros.
- Otras medidas que disponga la autoridad sanitaria en uso de sus facultades reglamentarias, conforme sea la evolución de la pandemia.
En relación con la entrega de los Elementos de Protección Personal (EPP), se deja establecido que bajo ningún concepto se le podrá cobrar a los trabajadores por los mismos.
Consecuencias de su no implementación.
El artículo 7 de la Ley establece, respecto a las organizaciones que quieran retomar sus actividades presenciales, que “las empresas que no cuenten con un Protocolo de Seguridad Sanitaria Laboral COVID-19, en los términos señalados en el artículo 2°, no podrán retomar o continuar la actividad laboral de carácter presencial”. De la sola lectura podemos vislumbrar la importancia de crear e implementar este protocolo, ya que su fiscalización estará a cargo de la Dirección del Trabajo y de la Seremi de Salud, y frente a incumplimientos estaremos expuestos a la imposición de multas, tanto laborales como sanitarias.
Ahora bien, respecto de las empresas que actualmente estén prestando servicios presenciales “deberán confeccionar el referido protocolo y tomar las medidas previstas, en un plazo no mayor de diez días hábiles a partir de la fecha de publicación de la presente ley”, es decir, que las empresas que están actualmente prestando servicios presenciales, tendrán hasta el día 15 de junio de 2021 para aplicar el mismo. Estos días hábiles son administrativos, ya que la fiscalización está a cargo de la Dirección del Trabajo y de la Seremi de Salud, por lo que se cuentan de lunes a viernes.
En resumen, estoimplica que todas las empresas, sin considerar el número de trabajadores, estarán obligadas a implementar el protocolo de seguridad sanitaria laboral.
Cabe destacar que, las empresas que reinicien o continúen labores sin contar con el Protocolo de Seguridad Sanitaria Laboral COVID-19 se verán expuestas a multas y, además, sufrirán un recargo de la cotización adicional, conforme lo establece el artículo 68 de la ley N° 16.744.
Asimismo, la norma en comento establece que cuando el contagio por COVID-19 se deba a culpa del empleador, o de un tercero, el trabajador podrá demandar la responsabilidad de la empresa y la consecuente indemnización de perjuicios, incluido el daño moral. Además, refiere que el no establecimiento del protocolo de seguridad sanitaria, será agravante en caso de que se determine que el contagio de un trabajador por COVID-19 se debió a culpa del empleador.
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La obligación de contratar un seguro que cubra las contingencias por enfermedad y muerte, ambas asociadas al Covid-19.
Dentro de las nuevas exigencias que contempla esta Ley, la que sin dudas provoca mayor curiosidad es lo relativo a la obligación que se impone al empleador de contratar un “seguro individual de carácter obligatorio” en favor de los trabajadores del sector privado con contratos sujetos al Código del Trabajo y que estén desarrollando sus labores de manera presencial, total o parcial, para financiar o reembolsar los gastos de hospitalización y rehabilitación de cargo del trabajador,
asociados a la enfermedad COVID–19, así como una indemnización por muerte del trabajador por causa natural con o por contagio de covid-19.
De lo expresado previamente, podemos desprender que este seguro tiene las siguientes características:
- Es individual y obligatorio.
- Se contempla para trabajadores del sector privado que laboren acogidos al Código del Trabajo. Se excluyen, por tanto, los funcionarios públicos y las personas contratadas a honorarios.
- Para trabajadores que estén laborando presencialmente, ya sea total o parcialmente. Incluye a trabajadores que tengan pactado teletrabajo combinado con trabajo presencial.
- Cubre gastos de hospitalización y rehabilitación del trabajador, así como la muerte del mismo con o por contagio de covid-19.
- Quedan excluidos del seguro los trabajadores que hayan pactado con el empleador el cumplimiento de su jornada bajo las modalidades de trabajo a distancia o teletrabajo de manera exclusiva.
Cobertura del seguro individual obligatorio.
En relación a la cobertura que el seguro debe garantizar a los trabajadores, la Ley indica lo siguiente:
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Afiliados del Fondo Nacional de Salud, pertenecientes a los grupos B, C y D siempre que se atiendan bajo la modalidad de atención institucional.
Para riesgos de salud:
- El seguro indemnizará un monto equivalente al 100% del copago por los gastos de hospitalización realizados en la Red Asistencial.
Para riesgos de muerte:
- En caso de fallecimiento de los trabajadores, de cualquiera edad, cuya causa básica de defunción sea COVID-19, según la codificación oficial establecida por el Ministerio de Salud, se pagará un monto equivalente a 180 unidades de fomento.
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Cotizantes de una Institución de Salud Previsional, siempre que se atienda en la Red de Prestadores para la Cobertura Adicional para Enfermedades Catastróficas (CAEC).
Para riesgos de salud:
- El seguro indemnizará el deducible de cargo de ellos, que corresponda a la aplicación de la CAEC respecto de las atenciones hospitalarias realizadas en la red de prestadores de salud que cada Institución de Salud Previsional pone a disposición de sus afiliados.
Para riesgos de muerte:
- En caso de fallecimiento de los trabajadores, de cualquiera edad, cuya causa básica de defunción sea COVID-19, según la codificación oficial establecida por el Ministerio de Salud, se pagará un monto equivalente a 180 unidades de fomento.
Contratación del seguro.
En primer término, tal cual lo indicamos precedentemente, será obligación del empleador contratar este seguro y entregar comprobante de su contratación al trabajador y dicho trámite. El plazo de
contratación del seguro dependerá de la fecha en que la respectiva institución deposite la póliza del seguro en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
Plazo:
- Trabajadores vigentes a la época de depósito: deberá realizarse dentro del plazo de 30 días corridos, contado desde que la respectiva póliza es incorporada en el depósito de la Comisión para el Mercado Financiero
- Trabajadores contratados o que vuelven a prestar servicios después del depósito: la contratación del seguro deberá hacerse dentro de los 10 días corridos siguientes al inicio o reanudación presencial de las labores del trabajador.
El valor anual de la póliza, en caso alguno, podrá exceder de 0,42 unidades de fomento por trabajador + IVA.
Responsabilidad por no contratar el seguro.
El artículo 14 de la Ley establece expresamente que “los empleadores que no hubieren contratado el seguro, en los términos que señala esta ley, serán responsables del pago de las sumas que le habría correspondido cubrir al asegurador”, lo que implica que deberemos correr con los gastos de hospitalización y/o rehabilitación del trabajador que se contagie de covid-19 en la empresa. A esto debemos agregar las sanciones administrativas (multas) a que nos exponemos por este incumplimiento.
Vigencia y terminación del seguro.
El artículo 24 de la Ley establece que “El plazo de vigencia del contrato de seguro será de un año desde su respectiva contratación”, y que en todo caso “la obligación del empleador para contratarlo perdurará por los trabajadores bajo la modalidad presencial que tenga contratados hasta la fecha de término de la alerta sanitaria”. Esto significa que, en caso de vencer la póliza del seguro y continuar el estado de excepción, el empleador deberá contratar un nuevo seguro o renovar el existente.
¿Qué pasa si el trabajador es desvinculado?
El artículo 23 de la Ley indica expresamente que “la cobertura del seguro se mantendrá en el evento que la relación laboral concluya por cualquier causa” y hasta el plazo de un año desde su contratación”. Esto implica que la vigencia del seguro no está asociada a la relación laboral, sino que, contratado en favor del trabajador, ésta se mantendrá vigente aún después de su desvinculación.
Conclusiones.
Desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020 la principal preocupación de la autoridad laboral y sanitaria ha sido velar por la salud y seguridad de los trabajadores, lo que se ha traducido en pronunciamientos administrativos de la Dirección del Trabajo, el establecimiento de protocolos en materia de higiene y seguridad, por ejemplo, el paso a paso laboral, y un sinnúmero de fiscalizaciones a las diversas organizaciones empresariales.
En este contexto, que hasta ahora sólo conocía de pronunciamientos administrativos, se erige esta Ley que viene a regular legalmente las condiciones de higiene y seguridad que deben verificarse durante la relación laboral, así como aquellas obligaciones que van en directa relación con la protección de la salud de los trabajadores, quedando el empleador condicionado al cumplimiento de las mismas para poder operar y llevar a cabo sus actividades comerciales.
En conclusión, frente a la publicación de esta normativa, la sugerencia es tomar cartas en el asunto desde ya para que estemos bien preparados para desarrollar nuestras actividades con estricto apego a la Ley y sin correr riesgo de multas administrativas por incumplimientos.
Belmar Asesores
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